Merkel, Montoro y la justiciabilidad de los derechos sociales

En su entrevista hoy en El País y otros diarios europeos, Angela Merkel sostiene que una mayor integración política en la Unión Europea sería más útil que los eurobonos como medio para superar la actual crisis. En opinión de la canciller alemana, “una integración más profunda implica, por ejemplo, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenga la obligación de controlar los presupuestos nacionales, entre otras muchas cosas”. Unos días atrás, el ministro Montoro anunciaba que el Gobierno exigirá responsabilidades penales a los gobernantes que incumplan el déficit. Sin pretenderlo ni siquiera ser mínimamente conscientes de ello, indirectamente las palabras de Merkel y Montoro pueden servir de impulso a una idea defendida desde hace años por los activistas de derechos humanos: que los derechos económicos y sociales son derechos exigibles ante los tribunales y que uno de los mecanismos para evaluar el cumplimiento de estos derechos es el análisis presupuestario.

Existen muchos mitos sobre la supuesta naturaleza diferenciada de los derechos económicos y sociales en relación con los derechos civiles y políticos (al respecto, Gerardo Pisarello en Los derechos sociales y sus garantías, 2007). Uno de ellos es el que considera que los derechos socioeconómicos no pueden ser reclamados ante los tribunales porque pertenecen a la esfera de la discrecionalidad política (política social, política económica, política de vivienda, política de sanidad, etc.). Quienes así piensan arguyen que otorgar a la vivienda, la educación o la salud la consideración de ‘derechos humanos’ constituiría un ultraje contra la democracia misma, ya que restringiría la capacidad de los partidos para proponer y promover distintas políticas en dichas áreas. La misma Constitución Española de 1978 es hija de esta doctrina, ya que enmarca la mayoría de los derechos socioeconómicos en un capítulo dedicado a ‘los principios rectores de la política social y económica’. En España derechos como la salud o la vivienda no son una realidad porque los derechos económicos y sociales no gozan de mecanismos de protección suficientes.

Sin embargo, en los últimos años ha habido avances jurisprudenciales importantes en relación con los DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales). También se ha adoptado el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de los DESC que, cuando entre en vigor (España, por cierto, ya lo ha ratificado), permitirá que una persona víctima de alguna vulneración de un derecho socioeconómico pueda presentar una queja individual ante un órgano internacional independiente en el marco de la ONU.

El Comité DESC de Naciones Unidas, encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de los DESC, en su estudio sobre la aplicación interna del Pacto (Observación General nº 9, 1998), dijo:

“Los Estados Partes que pretendan justificar el hecho de no ofrecer ningún recurso jurídico interno frente a las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales tendrán que demostrar o bien que esos recursos no son ‘medios apropiados’ según los términos del párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, o bien que, a la vista de los demás medios utilizados, son innecesarios. Esto será difícil demostrarlo, y el Comité entiende que, en muchos casos, los demás ‘medios’ utilizados puedan resultar ineficaces si no se refuerzan o complementan con recursos judiciales. (…) A veces se ha sugerido que las cuestiones que suponen una asignación de recursos deben remitirse a las autoridades políticas y no a los tribunales. Aunque haya que respetar las competencias respectivas de los diversos poderes, es conveniente reconocer que los tribunales ya intervienen generalmente en una gama considerable de cuestiones que tienen consecuencias importantes para los recursos disponibles. La adopción de una clasificación rígida de los derechos económicos, sociales y culturales que los sitúe, por definición, fuera del ámbito de los tribunales sería, por lo tanto, arbitraria e incompatible con el principio de que los dos grupos de derechos son indivisibles e interdependientes. También se reduciría drásticamente la capacidad de los tribunales para proteger los derechos de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad.” (párrafos 3 y 10)

Hasta hoy la consideración de los derechos sociales como derechos de segunda categoría o meras aspiraciones programáticas ha tenido mucho peso en la clase política y buena parte de la Academia. Pero Merkel y Montoro, si son mínimamente consecuentes, se han quedado sin argumentos convincentes para negar la justiciabilidad de los derechos sociales. Porque si para Merkel el Tribunal de Luxemburgo es técnicamente capaz de analizar la deuda pública estatal, también debe serlo para examinar el gasto público en sanidad. Y si para Montoro el juez español es técnicamente capaz de juzgar el déficit también debe serlo para asegurar la realización progresiva del derecho a la vivienda. El problema ya no es de capacidad técnica sino de voluntad política. No es un problema menor, desde luego, pero… ¡muchas gracias, Angela y Cristóbal!

Koldo Casla

@koldo_casla

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