Sentencia del Tribunal Constitucional sobre Sortu: ¿Seguridad jurídica?

No me iré por las ramas: Creo que es una magnífica noticia que el Tribunal Constitucional haya contradicho al Tribunal Supremo para reconocer la legalidad de Sortu. El mismo día de presentación de este partido escribí en este blog que Sortu tenía que ser legal para que la izquierda abertzale rindiera cuentas ante la sociedad vasca. Y también porque, como dijo el mismo Tribunal Constitucional en el caso Iniciativa Internacionalista (STC 126/2009, de 21 de mayo, F.J. 9º):

(E)s preciso extremar el rigor a la hora de tener por probada la realidad del fraude de una Sentencia de disolución de partidos políticos para disipar el riesgo de que termine por perjudicarse, precisamente, la pluralidad ideológica que la Constitución misma promueve y ampara como un valor fundamental del Ordenamiento. El riesgo, en definitiva, de que, confundiendo la ideología profesada por un partido y los medios defendidos o utilizados para promoverla, se termine por perjudicar a quien comparte esa misma ideología aun cuando no pueda demostrarse que la defiende por medios violentos o que lo haga como puro instrumento de quienes hacen de la violencia terrorista su medio de actuación natural. En tal riesgo se incurre en este caso cuando las conexiones apreciadas se establecen con la sola referencia a la izquierda abertzale. Y es que en nuestro Ordenamiento no cabe excluir ideología alguna, ni por su contenido o sus fundamentos, ni por los medios de los que eventualmente quieran valerse quienes la defienden. Dichos medios, sin embargo, si son violentos, serán inaceptables en cuanto tales, pero sin perjuicio alguno para la ideología a la que pretendan servir.

Por lo tanto, felicitaciones al TC por el fondo de su decisión. Dicho esto, me llaman poderosamente la atención algunas de las palabras y expresiones utilizadas por el Tribunal en su sentencia. En el Fundamento Jurídico 15º, el TC advierte de que cualquiera de las siguientes conductas puede desembocar en la ilegalización de una formación política: a) realizar “expresiones de equiparación de la violencia terrorista con la coacción legítima que en un Estado de Derecho”; b) “cuestionar el deber de las fuerzas policiales de perseguir a los responsables de la violencia terrorista”; c) “todo intento de colocar en el mismo plano el sufrimiento infligido a las víctimas de la violencia terrorista y el eventual efecto aflictivo asociado al cumplimiento de la pena impuesta”; d) llevar a cabo “actuaciones tendentes a otorgar al terrorismo una legitimación”; e) acometer “ensalzamiento de los autores de acciones terroristas, o su presentación como víctimas o héroes, teniendo especial alcance cuando tales conductas se realicen por quienes, estando en puestos institucionales, las autorizan o toleran, así como la realización de actos públicos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares”; f) vulnerar los principios democráticos y legitimar la violencia terrorista “con manifiesto desprecio del orden constitucional”; y g) incitar “al incumplimiento de leyes democráticamente aprobadas”.

Entre otros principios, el artículo 9.3 de la Constitución garantiza la seguridad jurídica y la interdicción de arbitrariedad por parte de los poderes públicos. No parece que términos como “cuestionar”, “incitar”, “desprecio (manifiesto)”, “equiparación de la violencia o del sufrimiento”, “legitimación”, “ensalzamiento”, “descrédito”, “menosprecio” o “humillación” sean los más indicados para salvaguardar la seguridad jurídica.

Permítanme concluir recordando una de las recomendaciones que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, trasladó a España tras su visita en el año 2008 (ver informe aquí, párrafo 55):

El pluralismo político desempeña un papel fundamental en la existencia de una sociedad verdaderamente democrática, por lo que las medidas que pueda adoptar el Estado para limitar el derecho a la participación política deben ser de carácter estrictamente excepcional y estar previstas en la ley. El Relator Especial recomienda firmemente que España adapte las expresiones vagas que aparecen en la Ley orgánica de partidos políticos a los principios internacionales relativos a la limitación de la libertad de expresión, a fin de evitar el riesgo de que se apliquen a partidos políticos que, aunque compartan la orientación política de una organización terrorista, no apoyan el empleo de medios violentos.

Koldo Casla

@koldo_casla

Foto: Iruin y Etxeberria en la presentación del nuevo partido el 7 de febrero de 2011

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