La justiciabilidad del derecho a la vivienda es posible… y asequible

El pasado 17 de enero, la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco aprobaba el Anteproyecto de Ley de Vivienda. Esta iniciativa reconoce explícitamente, como título subjetivo, el derecho a la ocupación legal estable de una vivienda, derecho que se reconoce con todas las garantías, incluidas las judiciales (artículo 6.2 en relación con el artículo 9). Aquellas personas que cumplan con unos requisitos establecidos en la legislación (fundamentalmente respecto al nivel de ingresos) podrán acudir a los tribunales para reclamar que la administración les proporcione una vivienda para el cumplimiento de su derecho individual.

No es desde luego la primera vez que se plantea este debate en Euskadi. En el año 2007, el entonces Consejero Javier Madrazo también propuso una iniciativa en la misma dirección, al menos en lo que se refiere al reconocimiento del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo. La misma Constitución de 1978 establece este derecho en su artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Sin embargo, el derecho a la vivienda como derecho justiciable no ha sido concretado hasta hoy, e incluso ahora sólo sería de aplicación para el País Vasco.

El derecho a la vivienda también es reconocido en el derecho internacional (que “forma parte del ordenamiento jurídico”; artículo 96.1 de la Constitución), como bien reconoce el preámbulo del mismo Anteproyecto del Gobierno Vasco, por ejemplo en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este tratado internacional, ratificado por España en 1977, señala en su artículo 2.1 que todo Estado Parte ha de “adoptar medidas (…) hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos“, incluido el derecho a la vivienda.

Es de esperar que esta futura ley ayude a resolver los graves problemas de acceso a la vivienda sobre todo para la juventud y para las personas sin hogar y en exclusión grave. Al Anteproyecto de Ley Vasca de Vivienda todavía le espera un larguísimo recorrido de debate en el Parlamento y, es de esperar, también en la calle. Sin embargo, esta propuesta gubernativa ya pone de manifiesto que derechos como la vivienda son una auténtica necesidad social y no un privilegio o un bien libremente negociable en el mercado. También confirma que los poderes públicos tienen la obligación (incluso en tiempos de crisis económica) de avanzar progresivamente en la satisfacción de derechos humanos como la vivienda y que, cuando los medios económicos lo permiten, la justiciabilidad es una garantía necesaria y consistente con el reconocimiento normativo de los derechos económicos y sociales.

Koldo Casla

 

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