Alegato en defensa de la Defensoría

El gigante Mercado no termina de fiarse de España. Ya no basta con medidas draconianas del Gobierno central. Aprovechando la coyuntura de las recientes elecciones locales y autonómicas, y mientras el FMI y la Unión Europea aprietan un poco más las tuercas a los griegos, el mensaje en España es claro: las Comunidades Autónomas tienen que aplicar recortes drásticos, y tienen que hacerlo ya. Cataluña está sentando ejemplo con un proyecto de presupuesto que recorta el gasto público un 10% de cara al año que viene, recorte que al parecer será todavía insuficiente para calmar los nervios de los inversores extranjeros. Al otro lado de la península, en Galicia, los dos principales partidos han alcanzado un acuerdo para fijar por ley (¡por ley!) un techo al gasto público. Ríanse ustedes de los que critican por antidemocráticas y excesivamente legalistas las propuestas de justiciabilidad de los derechos económicos y sociales. Al parecer, garantizar por ley el derecho a la vivienda no es democrático (se trataría, dicen, de un ‘principio rector de la política social y económica’ y por lo tanto sujeto a la discrecionalidad del gobierno de turno) pero restringir por el mismo medio el gasto público es perfectamente válido. Paradojas…

A medio camino entre Cataluña y Galicia se cruza María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular y nueva presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Para de Cospedal las ideas de catalanes y gallegos son probablemente plato de buen gusto, pero quiere añadirle un toque personal: Adiós a la Defensoría del Pueblo de la región, entre otros organismos. Escuchaba hace unas horas en el programa La Ventana’ de la Cadena Ser la reacción crítica de Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Cataluña y presidente de la sección europea del Instituto Internacional de Ombudsman (IOI, por sus siglas en inglés). Acto seguido, un alto cargo del Partido Popular alegaba que la eliminación de la figura de la Defensoría de Castilla-La Mancha no tendría mayor repercusión dado que los ciudadanos de dicha Comunidad siempre podrán acudir a la Defensoría del Pueblo de España, la única con amparo constitucional directo (artículo 54 de la Constitución de 1978). No conviene olvidar, sin embargo, que muchos Estatutos de Autonomía prevén igualmente la creación de instituciones hermanas a aquella, como es el caso del artículo 15 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, artículo 14 el Estatuto de Galicia, artículo 38 del Estatut de la Comunitat Valenciana, artículo 78 del Estatut de Catalunya (como ‘complemento’, véase también la STC 31/2010), o el artículo 128 del Estatuto de Andalucía. La interacción entre la Defensoría estatal y las autonómicas (y las locales, allá donde existan) no debe entenderse en clave de competición sino de complementariedad y apoyo mutuo. Estamos hablando de órganos encargados de velar por el respeto a los derechos y libertades de la ciudadanía. Particularmente teniendo en cuenta la estructura cuasi-federal del Estado de las autonomías, se impone la necesidad de que las instituciones estén lo más cerca posible del ciudadano. La eliminación de las Defensorías regionales requeriría aumentar consecuentemente los recursos de la Defensoría estatal, con el riesgo de que un euro invertido en una institución con un mandato que se extiende a todo el país puede ser menos eficiente que el mismo euro invertido en una institución regional con experiencia en la gestión de quejas locales y en ocasiones muy específicas.

Más allá de nuestras fronteras, el Derecho internacional hace referencias constantes al papel de las Defensorías en tanto en cuanto instituciones nacionales de derechos humanos (INDH). Además de los llamados ‘Principios de París‘, adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993, una década más tarde la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó la Resolución 1615 (2003) confirmando “la importancia de la institución del ombudsman en los sistemas nacionales para la protección de los derechos humanos y la promoción del estado de derecho, y su papel garantizando el buen funcionamiento de la administración pública”. El papel reservado a las instituciones nacionales de derechos humanos por el Protocolo Facultativo a la Convención Contra la Tortura de 2002, el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos (desde 2006) o la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006 (artículo 33) no hace sino reiterar el significado de estas palabras.

En un contexto en que el peso relativo de los ejecutivos respecto a los legislativos va en continuo aumento, las fórmulas tradicionales de control parlamentario resultan claramente insuficientes, si bien todavía muy necesarias. Es importante contar con mecanismos eficaces para garantizar el equilibrio de poderes y el respeto máximo a los derechos de las personas por parte de todos los poderes públicos. Precisamente cuando su misma existencia se pone en cuestión, las Defensorías deben aprovechar la ocasión para poner sobre la mesa el valor de su trabajo. Para ello, es primordial que adopten planes rigurosos de evaluación de impacto, en clave participativa con la sociedad civil y con los ciudadanos en general, y de manera absolutamente transparente. Las Defensorías deben conocer el grado de satisfacción de sus usuarios (nota: 80% de satisfacción en el caso del Ararteko del País Vasco) y examinar el impacto de su trabajo sobre las políticas públicas y sobre el nivel de realización y avance en el disfrute de todos los derechos humanos, en especial los derechos económicos y sociales.

Las resoluciones y los expedientes de las Defensorías demuestran año tras año que la ciudadanía exige de los poderes públicos avances continuos en relación con derechos como la vivienda, la salud o la educación. Cuando las Defensorías cumplen con su mandato, ponen rostro al impacto de las medidas anti-crisis gestadas en parlamentos, ministerios y consejerías. Quizás esto explique la obsesión de algunos gobernantes por quitarse estas instituciones de en medio.

Koldo Casla

(fotografía: sede del Ararteko en Vitoria-Gasteiz)

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One Response to Alegato en defensa de la Defensoría

  1. Véase también el artículo de Thomas Hammarberg (Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa) sobre el impacto de las medidas de austeridad para las personas más vulnerables, y sus palabras en defensa de la institución del Ombudsman:
    http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=145

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