El poder constituyente constituido y el déficit… del Estado social

La reforma constitucional acordada recientemente por los dos principales partidos españoles está generando un ruidoso alboroto en el país. En la España de hoy, el acuerdo de los dos principales partidos basta para sacar adelante cualquier medida legislativa, incluyendo una reforma de la Carta Magna. Sin embargo, este pacto a pie cambiado entre el PP y el PSOE merece ser estudiado con lupa, ya que no está exento de problemas tanto de forma como de fondo.

Respecto a las formas, lo primero que llama la atención es que la propuesta se hiciera pública en agosto, en plenas vacaciones para muchos españoles. Bien es cierto que la propuesta no iba tanto dirigida a los ciudadanos como a los inversores, pero no deja de sorprender el titular tras varios años de palos de ciego, recortes sociales y reproches entre los líderes políticos. También son llamativas las prisas en el trámite parlamentario. Desde 1978 la Constitución tan sólo fue modificada una vez (en 1992) para permitir el sufragio pasivo de los ciudadanos de la UE. Un texto hasta ayer considerado prácticamente intocable ahora va a ser modificado en el plazo de un mes. Y además el cambio no será sometido a referéndum. La reforma es compleja, arguyen. Disculpen las molestias, pero discrepo. La modificación propuesta para el nuevo artículo 135 no es puramente técnica. Y desde luego no se trata de un tema más complejo que la llamada Constitución Europea (de cientos de páginas de longitud) sobre la que los españoles fueron consultados en febrero de 2005. La Constitución no exige un referéndum, dicen también. Es verdad, pero tenemos elecciones generales en menos de tres meses. En su caso, ¿por qué no aprovechar la jornada electoral para trasladar la consulta? La representatividad es probablemente necesaria en un país democrático de 46 millones de personas. Pero los representantes políticos no deben olvidar que son mandatarios porque el pueblo, que ostenta la soberanía nacional (artículo 1.2 de la Constitución), les concede dicho mandato. Si los ciudadanos pueden expresarse por sí mismos, un régimen democrático ha de poner los medios para que puedan hacerlo en libertad, más incluso cuando hablamos de reformar el texto que preside el marco jurídico en vigor.

El respeto a las formas es literalmente vital para una democracia. Y el fondo es al menos igualmente importante. La reforma discutida estos días en las Cortes Generales no responde a los problemas nucleares de la economía española. Hoy parece difícil de creer, pero hasta el inicio de la crisis hace ahora tres años, la economía española era objeto de loas en el extranjero. A diferencia de otros países europeos (incluso los que ahora se presentan como adalides de la estabilidad y el equilibrio), el problema de España no radicaba en el déficit público. La bonanza de la economía española se basó en una cultura del consumismo, promovida por políticas activas del ladrillo y una enorme expansión del crédito. Ello provocó un aumento vertiginoso del precio de la vivienda y un endeudamiento privado exacerbado. (Es muy recomendable leer este reciente artículo de Isidro López y Emmanuel Rodríguez en New Left Review, en inglés). La crisis y la inestabilidad del boom económico español hicieron que las deudas privadas fueran impagables. Curiosamente las mismas instituciones europeas que promovieron aquellas políticas son las que ahora exigen unas medidas draconianas de austeridad pública.

Incluso cuando los números indicaban que la economía española evolucionaba favorablemente el gasto social en España era considerablemente menor que el de la mayoría de estados de la UE (consúltense los datos del Observatorio Social de España). Además, como señala Amnistía Internacional en un comunicado reciente, la Constitución todavía mantiene una barrera artificial entre derechos, ya que sigue sin reconocer los derechos económicos y sociales (como la vivienda y la salud) en igualdad de condiciones con los derechos civiles.

La reforma que sus señorías tienen sobre sus mesas en estos momentos plantea un cambio ideológico profundo en la Constitución. Algunos, como el ex presidente Felipe González, plantean la reforma como algo inevitable en este contexto de “crisis de cambio civilizatorio“. Como hiciera Margaret Thatcher con su There is no alternative, el argumento se resume en: ‘el mundo está cambiando, y es para peor; si no estás conmigo es porque no has comprendido este cambio; en el mejor de los casos estás confundido; seguramente eres un imbécil; en el peor de los casos, eres un antipatriota’. Pero no caigamos en la fatalidad; hay alternativas. Las Constituciones no son textos limpios y neutros. Trasladan mensajes y sientan las bases de cara al futuro. En diciembre de 1978, el constituyente decidió que España iba a ser un “Estado social y democrático de Derecho” (artículo 1.1) y otorgó a los poderes públicos la obligación de promover una libertad y una igualdad “reales y efectivas” (artículo 9.2) (nota del Observatori DESC). En septiembre de 2011, el poder constituyente constituido está decidido a convertir aquel Estado social prometido en el Estado neoliberal que con tanto afán han ido construyendo los especuladores.

Se confirma una vez más que la crisis que vivimos es estructural y afecta no sólo a los ingresos y a los gastos, al déficit y a la deuda. Es una crisis de concepto, una crisis de la democracia y una crisis de la función de los poderes públicos. Esta crisis es la excusa que la nueva oligarquía estaba buscando para eliminar los obstáculos que la distanciaban de la hegemonía más absoluta. Si la crisis da miedo; la post-crisis da pavor.

 

Koldo Casla

@koldo_casla

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