El coste social del recorte presupuestario en Euskadi

Esta semana, el Gobierno Vasco ha presentado su proyecto de presupuesto para el año 2012. En comparación con otras Comunidades Autónomas, donde se avecinan recortes de entre el 10 y el 20 por ciento (Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña…), a simple vista el tijeretazo podría parecer ‘menor’, ya que en Euskadi, el presupuesto va a ser un 1% más bajo en 2012 que en 2011. Sin embargo, si prestamos atención al gasto social, la conclusión es menos benévola.

El Gobierno Vasco plantea una reducción de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y del complemento de vivienda del 7%. Si la RGI asciende ahora al 87% del salario mínimo interprofesional (557 euros en el caso de una unidad familiar sin ingresos y sin hijos), el próximo año será del 81,85%, es decir, 525 euros en ese mismo escenario. En la rueda de prensa, Idoia Mendia, la portavoz del Gobierno Vasco, ha argumentado: “Seguimos siendo de lejos la comunidad autónoma que más dinero dedica a las ayudas sociales y la que mayor cuantía tiene de RGI para quien la necesita”.

Los poderes públicos no deben olvidar que están obligados a adoptar las medidas necesarias, “hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para lograr progresivamente” la plena efectividad de los derechos socioeconómicos (artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). En este caso, el Gobierno Vasco sostiene la carga de probar que sus políticas van en la dirección apropiada para desarrollar al máximo derechos sociales como la salud, la vivienda o la educación. Como recuerda el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC), la obligación de desarrollar progresivamente los derechos socioeconómicos impide que los Estados puedan dar pasos atrás deliberadamente en los niveles de protección de estos derechos; asimismo, “aun en tiempos de limitaciones graves de recursos, causadas sea por el proceso de ajuste, de recesión económica o por otros factores, se puede y se debe en realidad proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas de relativo bajo costo” (Observación General Nº 3 del Comité DESC, 1990, párrafos 9 y 12).

Es precisamente en tiempos de crisis cuando la vulnerabilidad de quienes necesitan hacer uso del sistema de garantías de ingresos es mayor. Un buen indicador de esta realidad es el número de quejas al respecto recibidas y tramitadas por el Ararteko, Defensor del Pueblo del País Vasco. (Ver una presentación de estas quejas y de sus problemáticas en el Informe 2010 del Ararteko, pp. 363-373). Hay que tener en cuenta que este recorte social se produce al mismo tiempo que el Parlamento Vasco discute la reforma de la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social. Algunas de las enmiendas planteadas por los grupos parlamentarios pretenden introducir modificaciones de fondo sobre la protección social frente a la exclusión. Tal es el caso, por ejemplo, de la propuesta del Grupo Popular para elevar el requisito mínimo de empadronamiento hasta los cinco años.

El recorte presupuestario y la modificación a la baja de la Ley 18/2008 constituyen una seria amenaza para el sistema básico de protección social para las personas más vulnerables, que son precisamente las más necesitadas de la protección del Estado de bienestar en un contexto de crisis como la actual. Dos informes recientes, uno de la Unión Europea (The role of minimum income for social inclusion in the EU 2007-2010, enero de 2011) y otro de la Organización Internacional del Trabajo (Social Protection Floor: For a fair and inclusive globalization, octubre de 2011), inciden en la importancia de los programas públicos de inclusión social para garantizar unos ingresos mínimos y un acceso suficiente y progresivo a los servicios sociales. Especialmente en tiempos de crisis, los poderes públicos en Euskadi han de impulsar el desarrollo progresivo de los derechos económicos y sociales, prestando particular atención a los colectivos más vulnerables.

Koldo Casla

@koldo_casla

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2 Responses to El coste social del recorte presupuestario en Euskadi

  1. Pingback: La crisis y el acceso de los inmigrantes a los derechos sociales: desmontando mitos « RIGHTS in context DERECHOS en contexto

  2. Paso atrás en derechos sociales en Euskadi:

    PSE y PP aprueban elevar a tres años el empadronamiento mínimo para percibir la RGI
    http://gara.net/azkenak/11/305602/es/PSE-PP-aprueban-elevar-tres-anos-empadronamiento-minimo-para-percibir-RGI

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