La crisis y el acceso de los inmigrantes a los derechos sociales: desmontando mitos

Pocos indicadores dan mejor muestra del impacto de la crisis económica que la cantidad de solicitudes de servicios y prestaciones sociales. En el caso del País Vasco, el número de preceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda alcanzó el pasado mes de octubre un nuevo récord: 55.567 y 18.413 personas, respectivamente, lo que representa un incremento del 1,1% en relación con los datos de enero.

En este contexto, el Parlamento Vasco aprobó hace unas semanas la modificación de la Ley 18/2008 para exigir un mínimo de tres años de empadronamiento (hasta ahora, la Ley exigía un año) para acceder a la RGI y al complemento de vivienda.

Se observa la generación de un discurso muy peligroso en relación con el uso por parte de la población inmigrante de las prestaciones sociales. Según un estudio del Consejo Vasco de Servicios Sociales publicado en enero de 2011, el 45,7% de los vascos se muestran muy de acuerdo con la idea de que los inmigrantes se benefician en mayor medida que los autóctonos de las ayudas sociales, mientras que un 22% estaría algo de acuerdo con dicha afirmación. En consonancia con esta opinión, el 60% de la población se mostraría partidaria de restringir el acceso de los inmigrantes a las prestaciones y servicios sociales. Resulta interesante comprobar que la valoración de esta cuestión es muy distinta entre los profesionales de los servicios sociales: el 84% no considera que los inmigrantes se beneficien de estos servicios en mayor medida que los autóctonos, y el 78% no está de acuerdo con la idea de establecer un periodo previo más amplio de empadronamiento o residencia legal para el acceso de las personas inmigrantes a los servicios sociales.

Además de ser peligroso, este discurso no se corresponde con la realidad. Una investigación independiente publicada la semana pasada por el Ararteko, da muestra de las dificultades con las que se topan los inmigrantes en Euskadi a la hora de acceder a los servicios y prestaciones sociales.

Actualmente, el sistema fundamental de acceso al primer permiso de trabajo y residencia es el llamado ‘arraigo social’. Este sistema requiere acreditar (mediante el empadronamiento) tres años de estancia continuada. Como apunta Agustín Unzurrunzaga, “durante ese tiempo hay que sobrevivir. Ello se hace trabajando en economía sumergida o combinando el trabajo en economía sumergida con períodos de percepción de Renta de Garantía de Ingresos”. Conforme al artículo 38.6.c) de la Ley Orgánica de Extranjería, “la autorización de residencia y trabajo se renovará a su expiración cuando el extranjero sea beneficiario de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción social o laboral”, como la RGI, por ejemplo. Con la modificación aprobada por el Parlamento Vasco, no sólo se alimenta la creencia falsa de que los inmigrantes constituyen una amenaza para la sostenibilidad del Estado social, sino que también se está limitando la posibilidad de renovación del permiso de residencia, fomentando indirectamente la economía sumergida y desregulada y en definitiva incrementando la vulnerabilidad de la población de origen extranjero.

Según datos del Barómetro Social de España, la población inmigrante sufre con especial saña los efectos de la crisis actual. Esta dinámica se repite en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, según las estadísticas de Ikuspegi (Observatorio Vasco de la Inmigración). Los inmigrantes tienen una tasa de actividad en torno a 20 puntos superior y una tasa de ocupación alrededor de 8 puntos porcentuales mayor que la de la población autóctona. Sin embargo, la tasa de desempleo es considerablemente superior entre el colectivo inmigrante (alrededor del 30 por ciento, frente al 18 por ciento para la población autóctona). Además, la diferencia salarial entre inmigrantes y autóctonos, que ya era importante antes del comienzo de la crisis, se ha acentuado considerablemente, circunstancia que afecta especialmente a las mujeres inmigrantes.

En este sentido, tal como se reconoce en el nuevo Plan de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia Intercultural 2011-2013 del Gobierno Vasco, es necesario subrayar:

(q)ue el verdadero efecto llamada de la inmigración ha sido y es hasta ahora el empleo y las necesidades laborales del mercado de trabajo. Éstos y no otros son los factores que determinan la intensidad de los flujos migratorios, el origen de procedencia o variables socio-demográficas como la edad y el sexo. No en vano, los datos señalan con claridad que la población inmigrante tiene una orientación dominante al mundo del empleo.

Un estudio reciente elaborado por Francisco Javier Moreno y María Bruquestas, titulado Inmigración y Estado de bienestar en España, ayuda a contrarrestar las peligrosas construcciones dialécticas que tan rápidamente se están extendiendo últimamente. Entre otras conclusiones, este estudio empírico demuestra que:

  • Menos del 1% de los beneficiarios de pensiones en España son extranjeros, y de ellos más de la mitad son ciudadanos comunitarios.
  • Los extranjeros constituyen aproximadamente el 13,7% del total de usuarios de servicios sociales, muy próximo al 11,55% que representan en el conjunto de la población. Sobre el total de intervenciones, el colectivo inmigrante reduce significativamente su presencia hasta el 6,85% de las actuaciones de los servicios sociales.
  • Además, la población inmigrante representa el 11,2% de los beneficiarios de rentas mínimas de inserción (RMI), lo cual indica una clara infrarrepresentación, dado que los inmigrantes representan una proporción mayor de la población en riesgo de exclusión social.
  • Los extranjeros consultan un 7% menos al médico de cabecera (un 16,5% menos al médico especialista).
  • El 50% del superávit alcanzado por las finanzas públicas en los años de mayor crecimiento de la economía española, de 2002 a 2006, correspondió a impuestos y contribuciones sociales de la inmigración.

Debemos desmontar los estereotipos malintencionados que están ganando peso actualmente en nuestra sociedad. No es cierto que la población inmigrante haga un mayor uso de las prestaciones sociales. Es más, en términos puramente cuantitativos y utilitaristas, los inmigrantes contribuyen más que los autóctonos al mantenimiento del ya de por sí tímido Estado de bienestar español, aun cuando son precisamente los inmigrantes quienes sufren los efectos de la crisis económica con más intensidad. Es especialmente en tiempos de crisis cuando el Estado de bienestar debe hacerse valer y responder a las necesidades de los colectivos más vulnerables. (A este respecto, véase nuestro comentario sobre el recorte presupuestario en Euskadi aquí). En tanto en cuanto titulares de derechos humanos, los poderes públicos han de garantizar los derechos sociales de las personas inmigrantes que residen en nuestro país.

Koldo Casla

@koldo_casla

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