No existen alicientes para hacer las cosas bien

Jordi Évole dedica su programa de ayer a la Justicia. Como suele ser habitual en él, el episodio es delicioso. Una de las personas entrevistadas fue José María Mena, ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Con tono llano y pausado, el Sr. Mena hace unas declaraciones escalofriantes. Entre otras cuestiones, el Sr. Mena lamentó que los jueces y magistrados no tienen alicientes para hacer las cosas bien. El Sr. Mena no lo critica; se limita a describir la realidad. No es que el Sr. Mena proponga una solución; no es que piense que los jueces deban cobrar pluses en función de la profundidad de su resolución o de la celeridad del proceso. El sistema funciona simplemente así: el juez cobra igualmente su sueldo con independencia de que decida llevar a cabo la más exhaustiva de las investigaciones hasta sus últimas consecuencias o, por el contrario, prefiera lavarse las manos. Hay una gran tentación para dejar que ‘el marrón se lo coma otro’. No es de extrañar que, siendo así, muchos jueces ‘no se vendan, sino que se regalen’, tomando decisiones que satisfacen a grupos etéreos de poder, con el único fin de sentirse parte de un determinado estrato social. En resumen: si no hay alicientes para hacer las cosas bien, ¿por qué molestarse en no hacerlas mal?

Últimamente se está extendiendo en España una gran desconfianza hacia la Justicia. El programa de ayer de Jordi Évole responde ajustadamente a esa sensación generalizada: los autores de los peores crímenes no responden por sus crímenes, la administración de justicia es demasiado lenta, ha habido una especie de caza de brujas contra Garzón, etc. Hay quien afirma, incluso, que la Justicia es el último rescoldo de la dictadura franquista, ya que nunca llegó a reciclarse del todo.

No seré yo quien cuestione los problemas. Creo que buena parte de las críticas están más que justificadas. Pero debemos preguntarnos: Si ya no podemos confiar en la Justicia, ¿qué le queda al Estado de Derecho?

Quizás el único aliciente para un juez que hace sus deberes (además de la satisfacción personal, naturalmente) es saberse cumplidor del mandato constitucional que le otorga ‘en exclusiva’ la potestad jurisdiccional, que consiste en ‘juzgar y hacer ejecutar lo juzgado’ (artículo 117.3 de la Constitución). En España hay alrededor de 4500 jueces. Todos y cada uno de ellos administran una “justicia (que) emana del pueblo”, y todos y cada uno de ellos son “independientes, inamovibles (y) responsables”, y están “sometidos únicamente al imperio de la Ley” (artículo 117.1).

Ahí es precisamente donde radica la enorme paradoja de la Justicia. Es la misma Justicia la que inhabilita a Garzón y la que sienta a Urdangarin en el banquillo y le hace declarar durante todo un fin de semana. Y ambos órganos jurisdiccionales, el Tribunal Supremo y un juez de instrucción de Mallorca, son igualmente Justicia, ejercen igualmente la función jurisdiccional, son igualmente inamovibles y administran igualmente una justicia que emana del pueblo. La Justicia tiene un vicio y una virtud inherentes. El vicio es, como dice D. José María Mena, que los jueces y magistrados no tienen alicientes suficientes para hacer las cosas bien. La virtud es que, gracias a los principios esenciales de independencia e imparcialidad, conque uno solo de esos jueces se niegue a lavarse las manos, muchos tendremos razones para seguir pensando que todavía no han terminado con el Estado de Derecho.

Koldo Casla

@koldo_casla

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