Labor policial en defensa de los derechos humanos

El fallecimiento de Iñigo Cabacas la semana pasada a causa del lanzamiento de un proyectil de goma presumiblemente lanzado por un agente de la Ertzaintza nos recuerda la importancia de contar con un sistema de garantías exigente y eficaz en el ejercicio de la labor policial. En una sociedad democrática la policía ejerce una función de primer orden en la gestión del espacio público garantizando el libre ejercicio de derechos inalienables como la libertad de expresión, de reunión y de manifestación. Es por ello fundamental que la policía en el País Vasco esté en vanguardia de la defensa de los derechos humanos.

Durante los últimos años, el Ararteko ha venido constatando que algunas de sus recomendaciones relacionadas con la función policial no se cumplían en su integridad y que en ocasiones no se articulaban los mecanismos precisos para su puesta en marcha. Por tal razón, en octubre de 2011 el Ararteko hizo público un documento recopilatorio de una treintena de recomendaciones para un sistema de garantías en las actuaciones y prácticas policiales. Dichas recomendaciones hacían referencia a la necesidad de establecer mecanismos estrictos de supervisión y rendición de cuentas, garantías durante la detención, limitación del uso de la fuerza, no discriminación con respecto a personas de origen extranjero y formación de los agentes policiales.

El artículo 34.1 de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco, dispone que sus integrantes actuarán en el ejercicio de sus funciones “con la decisión necesaria, sin recurrir a la fuerza más allá de lo razonable y rigiéndose por los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance”. Según la jurisprudencia constitucional (destaca la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/2006, de 16 de enero), el principio de proporcionalidad requiere la concurrencia de tres presupuestos: a) que la fuerza empleada sea adecuada para la finalidad pretendida (principio de idoneidad), b) que no exista otra medida menos gravosa para lograr esa finalidad (principio de necesidad), y c) que se trate de una medida de la que se deriven más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre los bienes o valores en conflicto (principio de proporcionalidad en sentido estricto).

Es imprescindible tener un conocimiento preciso y detallado de las circunstancias concretas que concurren en cada caso, de lo que se deriva la importancia de contar con mecanismos específicos de control del uso de la fuerza y de supervisión de la misma mediante investigaciones expeditas y eficaces. Urge asimismo explorar vías alternativas de resolución de conflictos, para lo cual resulta útil la formación en derechos humanos y en técnicas de mediación.

Los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley exigen la utilización de armas “no letales” para reducir el riesgo de muerte o lesiones inherente al uso de las armas de fuego u otras armas potencialmente letales (Principio 2º). Todas las armas y munición empleadas por la policía deben ser sometidas a una cuidadosa evaluación independiente con carácter previo a la distribución y al uso de las mismas (Principio 3º). Los agentes policiales no deben emplear “armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida” (Principio 9º). Se han producido ya demasiados incidentes graves relacionados con las pelotas de goma. Es urgente que la Ertzaintza ponga fin a la utilización de estos dispositivos lo antes posible.

Seamos honestos: la función policial es ingrata. Enraizada en otros tiempos felizmente superados, existe todavía hoy una brecha entre las fuerzas de seguridad y la sociedad en general que mantiene vivo cierto grado de escepticismo o desconfianza respecto a la labor policial. Es de crítica importancia cerrar esta brecha cuanto antes. Estoy convencido que el establecimiento de mecanismos eficaces de supervisión y el escrupuloso respeto de principios como la proporcionalidad, el mínimo uso de la fuerza y la rendición de cuentas servirán para suturar las heridas definitivamente. Es precisamente en los momentos difíciles cuando una sociedad libre y democrática más necesita una policía aliada en la defensa de los derechos humanos.

Koldo Casla

@koldo_casla

 

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