Desahucios, desalojos forzosos y derechos humanos

forges viviendaEn 1997, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC), encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado a día de hoy por 160 países (entre otros, España), presentó un documento en el que compartía su interpretación del significado del derecho a la vivienda en relación con el fenómeno de los desalojos forzosos (Observación General nº 7).

Al entender del Comité DESC, un “desalojo forzoso” es “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”. El Comité DESC considera que los desalojos forzosos son en principio contrarios al Pacto Internacional de los DESC. Reconoce que “algunos desalojos pueden ser justificables, por ejemplo en caso de impago persistente del alquiler o de daños a la propiedad alquilada sin causa justificada”, pero deben darse una serie de garantías procesales para que un desalojo cumpla con las normas internacionales de derechos humanos, entre otras: consulta a las personas afectadas; plazo suficiente y razonable de notificación del desalojo; facilitación de información sobre los desalojos previstos; que el desalojo tenga lugar en presencia de un funcionario público; identificación de las personas que llevan a cabo el desalojo; atención al momento de realización del desalojo, evitando hacerlo de noche o con muy mal tiempo; ofrecimiento de recursos jurídicos efectivos; ofrecimiento de asistencia jurídica para que las personas afectadas puedan solicitar reparación ante los tribunales. Asimismo, el Comité incide en que “los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda”.

Partiendo de esta interpretación a la luz de un tratado internacional (el PIDESC) que, como tal, forma parte del ordenamiento jurídico interno, y por lo tanto sus disposiciones sólo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en el propio tratado o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional (artículo 96.1 de la Constitución), conviene reflexionar críticamente sobre el fenómeno del desahucio en España y sobre el aporte de los derechos humanos para hacerle frente.

El primer elemento a considerar es el de la existencia o no de recursos efectivos frente a los desahucios. Aquí conviene distinguir entre los desahucios de viviendas de alquiler y los desahucios hipotecarios. Respecto a los primeros, desde la entrada en vigor de la Ley 37/2011 (conocida como “Ley del desahucio exprés”), en octubre de 2011, la Ley de Enjuiciamiento Civil extiende el procedimiento monitorio a los procesos por desahucio (artículos 22 y 440). La novedad más importante es que, una vez presentada la demanda por desahucio, el inquilino tendrá un plazo de 10 días para abonar la cantidad debida, entregar la vivienda o presentar alegaciones para oponerse al pago. Si transcurrido dicho periodo el demandado no ha realizado ninguna de las opciones, el secretario judicial procederá directamente a dar fecha para el desahucio. La pregunta a la que habría que dar respuesta es si dicho plazo de 10 días es suficiente para garantizar la tutela judicial efectiva.

En relación con los desahucios de origen hipotecario, en un caso pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la abogada general Juliane Kokott emitió hace apenas dos meses una opinión muy crítica denunciando la incompatibilidad de la legislación española con la normativa europea. Kokott recuerda que la normativa procesal de desahucios en los Estados de la UE debe ser compatible con la directiva europea de protección de los consumidores.

No constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato el hecho de que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda y la pérdida de la propiedad y el desalojo subsiguientes, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios. (La normativa europea) exige, antes bien, que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para que se compruebe el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato de préstamo, y que mediante dicho recurso pueda, en su caso, detenerse la ejecución forzosa. (Conclusiones de la Abogada General, Juliane Kokott, 8 de noviembre de 2012, Asunto C-415-11, párrafos 52-53)

Desde la perspectiva del derecho de consumo, la abogada general insiste en que el juez debe tener la posibilidad de suspender la ejecución forzosa hasta que haya podido analizar el fondo del asunto, comprobando si el contrato de préstamo contiene alguna cláusula abusiva para el consumidor. Desde la óptica de los derechos humanos, dicha conclusión nos permite poner en duda que el marco regulatorio procesal de los desahucios en España (artículos 693-698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) realmente respete el derecho a un recurso jurídico efectivo, puesto que, como critica la abogada general de la UE, actualmente al juez se le niega la posibilidad de entrar a valorar el contenido del contrato cuyo presunto incumplimiento ha dado lugar a la solicitud de desahucio por parte de la entidad bancaria.

El segundo elemento a analizar es la situación en que se encuentran las personas que son sometidas a desahucio, en especial aquellas en situación o riesgo de exclusión social. Al resolver una reclamación colectiva frente a Francia, el Comité europeo de Derechos Sociales consideró que las insatisfactorias modalidades de atribución de viviendas sociales a las personas más pobres y la insuficiencia de vías de recursos al respecto se traducían en la ausencia de un enfoque coordinado para promover el acceso efectivo a la vivienda de personas en riesgo de exclusión social o de pobreza, lo que significaba un “atentado contra la dignidad del ser humano” (Reclamación nº 33/2006, decisión sobre el fondo de 5 de diciembre de 2007, párrafos 80 y 163).

Es bien sabido que en estos momentos en España se produce una paradoja perniciosa en relación con la vivienda. España cuenta con miles de viviendas vacías, la mayoría de las cuales fueron construidas durante el boom del ladrillo de la última década, pero al mismo tiempo desde el inicio de la actual crisis, alrededor de 350.000 familias han sido desahuciadas. El pasado 15 de noviembre el Gobierno aprobaba el Real Decreto-ley 27/2012, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. El objetivo declarado de este Real Decreto Ley es “la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión”. No hay datos actualizados sobre el parque de viviendas en España, ni información oficial sobre el impacto de los desahucios sobre los colectivos más vulnerables (de ahí la indefinición del Gobierno sobre el número de personas que se verán beneficiadas por el Real Decreto Ley 27/2012, que el ministro de Economía rebajó de 600.000 a menos de 120.000 en apenas dos semanas). Sin embargo, es probable que, haciendo uso del “máximo de los recursos disponibles”, como exige el artículo 2.1 del PIDESC, España podría proteger el derecho a la vivienda para el conjunto de la ciudadanía. Un enfoque coherente con los derechos humanos haría de este objetivo una prioridad para los poderes públicos.

Estas líneas no son sino una aproximación humilde al dramático problema de los desahucios en España a la luz de los principios y estándares internacionales de derechos humanos. Los desahucios están justificados ante casos de impago, pero únicamente cuando se lleven a cabo respetando escrupulosamente los procedimientos previstos en la ley, que incluyen no sólo la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino también el Derecho europeo en aquello que pueda ser aplicable, y el Derecho internacional de los derechos humanos como referente de obligado cumplimiento.

Más allá del marco jurídico, entrando en el terreno de las políticas públicas sobre vivienda, conviene concluir con las palabras de Raquel Rolnik, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda:

Los datos indican que las políticas de vivienda basadas exclusivamente en facilitar el acceso al crédito para comprar una vivienda son incompatibles con la plena realización del derecho a una vivienda adecuada de las personas que viven en la pobreza, pues no brindan soluciones que incluyan viviendas habitables, asequibles y bien ubicadas a las que los pobres tengan acceso. (…) Esta orientación hacia los aspectos financieros ha hecho que se conciba la vivienda como un activo y un producto básico, distribuido solo por las fuerzas del mercado. Sin embargo, incluso cuando logran acceder al crédito, los grupos de bajos ingresos no tienen capacidad para negociar las condiciones del préstamo ni la tipología de la vivienda, y se ven obligados a aceptar las soluciones en materia de vivienda que vienen determinadas por las consideraciones económicas y de rentabilidad del mercado inmobiliario (Informe 2012 a la Asamblea General, párrafos 64 y 67).

Koldo Casla

@koldo_casla

Viñeta, cómo no, de Forges

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