El Ministerio de Defensa tiene miedo de la historia

documentosfranqLeo hoy en El País que el Ministerio de Defensa se niega a desclasificar 10.000 documentos relativos al periodo comprendido entre 1936 y 1968. (La noticia ya apareció en los medios hace un año). El artículo realiza una reveladora comparación con el Reino Unido y Estados Unidos, donde recientemente han desclasificado información relativa a la Guerra de las Malvinas (1982) y al periodo en que Henry Kissinger ostentó cargos de alta responsabilidad gubernamental (entre 1969 y 1977). Y no parece que ni el Reino Unido ni Estados Unidos hayan entrado en una repentina crisis de seguridad nacional. ¿Qué distingue a España de estos dos países? Entre otras cosas, que en España sigue en vigor la Ley de Secretos Oficiales de 1968, adoptada en plena dictadura y reformada en 1978, dos meses antes de la proclamación de la Constitución. La Ley de Secretos Oficiales otorga al gobierno la capacidad de decidir cuándo y cómo se abrirán los archivos.

Quisiera compartir dos reflexiones de urgencia. En primer lugar, la noticia demuestra que todavía queda mucho por descubrir sobre lo que sucedió en España durante la Guerra Civil y el Franquismo. A aquellos que dicen que no tiene sentido seguir hablando sobre aquello, que no hay que remover la tierra, que hay que permitir que las heridas suturen, etc., les recordaría las palabras de Louis Joinet: Para pasar página, hay que haberla leído antes. Pues bien, ahora resulta que el gobierno se empeña en que no leamos 10.000 de esas páginas.

Segunda reflexión. Urge que España apruebe una ley de transparencia y acceso a la información que sea coherente con los más altos estándares internacionales en la materia. El derecho de acceso a la información está ampliamente reconocido en el Derecho internacional y existe normativa reguladora de este derecho en el ámbito de la Unión Europea y de todos los Estados de nuestro entorno. España es uno de los pocos países del mundo que todavía no tiene una ley que reconozca el acceso a la información pública como un derecho de ciudadanía. Es simplemente inaceptable que 35 años después de la entrada en vigor de la Constitución siga siendo el gobierno quien decida sobre el contenido y la dosis de la información a la que los ciudadanos podemos acceder.

Koldo Casla

@koldo_casla

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