En las condiciones actuales, el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos no debería ser aplicable al Sáhara Occidental

OLYMPUS DIGITAL CAMERATras el fracaso de las negociaciones en 2011, en febrero de 2012 el Consejo Europeo autorizó a la Comisión Europea para que negociara un nuevo protocolo de pesca con Marruecos. Tanto el Consejo Europeo como el Parlamento Europeo dieron el mandato a la Comisión con el fin de que el nuevo acuerdo de pesca con Marruecos incluyera una “cláusula de derechos humanos”. Sin embargo, debido a la eficaz presión ejercida por Marruecos, el proyecto de protocolo de pesca actualmente en discusión no contiene cláusula alguna en este sentido, lo que le convierte en el primer (proyecto de) acuerdo pesquero de la UE en 3 años que omite una cláusula de derechos humanos.

El lobby español dio sus frutos y el miércoles de la semana pasada el Consejo de la UE dio su visto bueno al protocolo de pesca, aunque al menos cinco países se manifestaron en contra (Suecia, Dinamarca, Finlandia, Reino Unido y Países Bajos). El protocolo todavía tiene que ser sometido a votación en el Parlamento Europeo (que paralizó el proyecto anterior hace ahora dos años), cuya decisión no se espera hasta final de año.

Apenas dos días antes, los servicios jurídicos del Parlamento Europeo remitieron a los europarlamentarios su Opinión Jurídica sobre el protocolo en cuestión (aquí en inglés). Los servicios del Parlamento señalan en su informe que, aunque no ha reclamado expresamente la Zona Económica Exclusiva (ZEE) correspondiente a la costa del Sáhara Occidental en base a la Convención de Montego Bay (artículo 75), Marruecos puede explotar las aguas saharauis dentro de los límites de la ZEE (200 millas náuticas), siempre que respete las obligaciones con respecto a la población del Sáhara Occidental derivadas del derecho internacional y en particular del artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas. Los servicios jurídicos concluyen que el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos puede ser aplicable al Sáhara Occidental siempre que beneficie a la población local.

A mi juicio, si tomamos en cuenta el derecho internacional en su conjunto llegaremos a la conclusión de que confiar en que Marruecos tome medidas simplemente no es suficiente.

En 1966, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó que el Sahara Occidental es un territorio que debe ser descolonizado por medio de un referéndum de autodeterminación, e invitó a España “a determinar lo antes posible, de conformidad con las aspiraciones de la población (…) y en consulta con los Gobiernos de Marruecos y Mauritania y con cualquier otra parte interesada” (en referencia a Argelia), las modalidades de organización de un referéndum que será llevado a cabo bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a fin de “permitir a la población autóctona del territorio ejercer libremente su derecho a la autodeterminación” (Resolución 2229, XXI). En 1970, la Asamblea General instó a España y al resto de Estados a abstenerse de hacer inversiones en el territorio a fin de adelantar la puesta en práctica del derecho de autodeterminación, reivindicando expresamente la necesidad de salvaguardar los recursos naturales del Territorio (Resolución 2711, XXV).

En su Opinión Consultiva del 16 de octubre de 1975, la Corte Internacional de Justicia concluyó que el Sáhara Occidental no era terra nullius porque en el momento en que España inició la colonización el territorio “era habitado por pueblos, que si bien nómadas, estaban organizados social y políticamente en tribus, y bajo el mando de jefes competentes para representarlos”, y España actuó a sabiendas de que no se trataba de un “territorio sin dueño”. La Corte Internacional de Justicia también resolvió que “los elementos e informaciones presentados no confirman la existencia de vínculo alguno de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental de una parte, y el Reino de Marruecos o el conjunto mauritano, de otra. Por lo tanto, el Tribunal no ha constatado la existencia de vínculos jurídicos que puedan modificar la aplicación de la Resolución 1514 (XV) en lo referente a la descolonización del Sáhara Occidental y en particular a la aplicación del principio de autodeterminación, mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio”.

A petición del Consejo de Seguridad, en enero de 2002, el secretario general adjunto de las Naciones Unidas para asuntos jurídicos, Hans Corell, emitió un informe sobre el estatuto jurídico del Sáhara Occidental. El informe reafirma la aplicabilidad de la Declaración de 1960 sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales (Resolución 1514, XV, de la Asamblea General). También recuerda que los Acuerdos de Madrid de 1976 entre España, Marruecos y Mauritania no transfirieron la soberanía sobre el Sáhara Occidental ni confirieron a Marruecos o a cualquier otro país la condición de potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de la autoridad administrativa sobre el Territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no alteró la condición internacional del Sáhara Occidental como “territorio no autónomo”.

La situación actual del Sahara Occidental es la de un territorio con una doble naturaleza jurídica internacional: por un lado, es un Territorio no autónomo cuyo proceso de descolonización aún no ha concluido, según el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, y por otro, es un territorio ocupado militarmente, a resultas de la intervención de Marruecos, y por ende, el Derecho internacional humanitario (DIH) es de aplicación.

Tal como señaló la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre el muro construido por Israel en los Territorios Ocupados Palestinos (2004), “la protección que ofrecen los convenios y convenciones de derechos humanos no cesa en caso de conflicto armado” y por lo tanto es necesario “tomar en consideración ambas ramas del derecho internacional, es decir, el derecho de los derechos humanos y, como lex specialis, el derecho internacional humanitario”.

En base al criterio de la Corte Internacional de Justicia y de otros órganos internacionales, podemos afirmar dos cosas: a) las obligaciones en materia de derechos humanos son de obligado cumplimiento no sólo dentro de las fronteras nacionales, sino también en aquel territorio sobre el que un Estado ejerce su jurisdicción; y b) el umbral mínimo de dicha jurisdicción territorial es el control efectivo sobre el territorio. Conforme al artículo 42 de la IV Convención de La Haya, de 18 de octubre de 1907, relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, “se considera como ocupado un territorio cuando se encuentra colocado de hecho bajo la autoridad del ejército enemigo. La ocupación no se extiende sino a los territorios donde esa autoridad esté establecida y en condiciones de ejercerse”. Podemos interpretar el término “autoridad” como la capacidad de ordenar una conducta, independientemente de que dicha autoridad sea ejercida formal o informalmente; el “control”, por su parte, hace referencia a la capacidad del Estado para hacer cumplir sus órdenes.

Marruecos ejerce un control militar efectivo sobre el territorio del Sáhara Occidental, por lo que las leyes internacionales en materia de derechos humanos deben ser respetadas por las autoridades marroquíes, ya que son de aplicación de forma complementaria al DIH. Como afirmó la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre la continua presencia de Sudáfrica en Namibia (1971), toda regla de Derecho internacional debe ser interpretada y aplicada de acuerdo con el conjunto del corpus jurídico internacional en vigor en el momento en que se realiza dicha interpretación.

El DIH es excesivamente parco sobre las medidas necesarias para proteger los derechos de la población local. No obstante, el Derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) ofrece una guía útil sobre las obligaciones que en materia de derechos humanos las potencias ocupantes deben respetar en aquellos territorios sobre los que ejercen un control efectivo. Por ejemplo, el informe final de la Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación de Timor Oriental, hecho público en 2005, dedicó un capítulo completo a las vulneraciones de los DESC durante la ocupación indonesia del territorio. La Comisión concluyó que Indonesia había incumplido sus obligaciones respecto a estos derechos tanto en base al DIDH como al DIH.

En relación con recursos naturales como la pesca, junto con los principios del DIH, en el caso del Sáhara Occidental es preciso tener en cuenta las reglas aplicables para los territorios cuyo proceso de colonización no ha sido completado. Como observó Hans Corell en su informe de 2002:

Aunque limitada, la práctica reciente de los Estados es ilustrativa de una opinio juris tanto de las Potencias administradoras como de terceros Estados: cuando las actividades de explotación de recursos redundan en beneficio de los pueblos de los Territorios no autónomos y se realizan en su nombre o en consulta con sus representantes, se consideran compatibles con las obligaciones que incumben a la Potencia administradora en virtud de la Carta, así como conformes a las resoluciones de la Asamblea General y al principio consagrado de “soberanía permanente sobre los recursos naturales.

En conclusión, a la luz del Derecho internacional en su conjunto, con el fin de garantizar los derechos socioeconómicos de la población local, Marruecos puede hacer uso de los recursos disponibles en el Territorio (el “máximo de recursos disponibles”, según el artículo 2.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Ahora bien, la explotación de dichos recursos debe ser responsable, no puede ser un expolio encubierto y no puede llevarse a cabo sin el consentimiento de la población saharaui. En tanto que controlador efectivo del territorio, Marruecos puede suscribir un acuerdo de pesca con la Unión Europea. Dichos acuerdo, sin embargo, debe redundar en beneficio de la población local, que además debe ser consultada y tener derecho a participar activamente en el proceso. Tan sólo un análisis exhaustivo y desagregado por zonas y colectivos permitiría determinar si es realmente el conjunto de la población local la que se beneficia de los acuerdos de explotación. El Parlamento Europeo debería exigir a Marruecos un proyecto creíble de evaluación del impacto que los acuerdos de pesca tendrían sobre la población saharaui. Asimismo, el Parlamento debe asegurarse de que la población local no es una mera convidada de piedra sino que tiene la capacidad de participar libre y activamente en la decisión. Si estas dos condiciones no se dan conjuntamente, en base al derecho internacional en vigor el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos no debería ser aplicable al Sahara Occidental.

Koldo Casla

@koldo_casla

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