¿Por qué prohibir la tortura si vamos a seguir torturando?

obama_tortura_cia-webLa semana pasada, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Polonia por permitir en su territorio interrogatorios y retenciones secretas de la CIA en el marco de la llamada “Guerra contra el Terror”. Según la agencia Reuters, un portavoz del Gobierno polaco dijo: “La sentencia sobre las cárceles de la CIA es vergonzosa para Polonia y supone una carga para nuestro país, tanto económica como para nuestra imagen”. Casos relativos a otros países europeos están pendientes de resolución en Estrasburgo. Hace unos meses, el Senado estadounidense votó a favor de la desclasificación de un informe sobre el programa de detención e interrogatorios de la CIA. Se espera que la Casa Blanca lo permita próximamente, pero el propio Obama ya ha reconocido lo que todo el mundo sabe: Estados Unidos utilizó la tortura. El Gobierno británico está dando muestras de nerviosismo ante la próxima difusión de dicho informe, que a buen seguro acreditará la complicidad de sus servicios secretos. La organización de derechos humanos británica Reprieve ha denunciado que el Gobierno de David Cameron está instigando para retrasar la publicación de este informe y censurar apartados comprometedores del mismo.

Se supone que hay una prohibición internacional absoluta sobre la tortura. Sería lo que los expertos en la materia denominan una “norma de ius cogens”. La prohíbe la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, además naturalmente de la Convención Contra la Tortura de 1984, ratificada por 155 países. Sin embargo, Amnistía Internacional ha documentado y denunciado prácticas de tortura y otros malos tratos en 141 países en los últimos cinco años. Casi la mitad de las 21.000 personas encuestadas por Amnistía en 21 países de todo el mundo reconocieron temer ser torturadas si son detenidas.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) es una colección de declaraciones, tratados y organismos, creados a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos en la resaca de la Segunda Guerra Mundial. La gran aportación del DIDH es que reconoce a todas las personas, “que nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (artículo 1), como actores del Derecho internacional. Hasta entonces, por lo menos en la historia moderna los únicos sujetos del Derecho internacional habían sido los Estados, y hasta cierto punto también las organizaciones intergubernamentales creadas por ellos mismos. La aportación, por lo tanto, es que las personas pasan de la irrelevancia a ser sujetos de Derecho internacional. La paradoja es que esto no habría sido posible si los Estados no lo hubieran consentido en primer término. Fueron delegados gubernamentales los que se reunieron en París el 10 de diciembre de 1948 para votar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Son los Estados los que firman y luego ratifican los tratados internacionales que reconocen derechos para sus ciudadanos. Son Estados también los que crean organismos internacionales independientes, como la Corte Penal Internacional, el Comité de Derechos Humanos de la ONU o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las promesas están para cumplirlas. Es el principio pacta sunt servanda, reconocido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (artículo 26): “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. En realidad, es lo mismo que dice el Código Civil respecto a los contratos (artículo 1091).

El optimista dirá que una confluencia de acontecimientos y aportaciones personales han permitido que hoy tengamos derechos reconocidos internacionalmente. “Actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”, como reza el preámbulo de la Declaración Universal en referencia al Holocausto, habrían sacudido las conciencias de nuestros líderes. Asimismo, personas clave como Eleanor Roosevelt, Martin Luther King o Nelson Mandela, que reivindicaron el lenguaje de los derechos humanos, habrían persuadido a los líderes del mundo para que se comprometan públicamente a respetarlos dentro de sus fronteras.

Por otro lado, el escéptico contestará que si realmente los gobernantes hubieran aprendido una lección en el siglo XX, se habrían dotado de mecanismos eficaces para prevenir y remediar al menos los abusos más graves. Por ejemplo, si los derechos humanos fueran una cuestión de principios, la humanidad no permanecería impasible ante los actos de barbarie ultrajantes en Gaza o Siria. El escéptico podrá traer a colación la manida cita del diálogo de los melios que nos regaló Tucídides hace dos mil quinientos años: Los fuertes hacen cuanto pueden y los débiles sufren cuanto deben. Así, el DIDH no sería más que una herramienta más de Occidente para imponer sobre los demás su voluntad y su manera de ver y entender el mundo.

¿Optimismo o escepticismo? En este punto me acuerdo de la consigna de Gramsci a sus camaradas: Optimismo de la voluntad, pesimismo de la inteligencia. ¿Por qué prohibir la tortura si vamos a seguir torturando? Como activista, respondería que no podemos ceder en el empeño de luchar por hacer realidad un mundo en el que todos los derechos sean respetados para todas las personas. También podría hablar de las miles de personas detenidas o encarceladas que han visto mejorada su situación gracias a la solidaridad del movimiento global por los derechos humanos. Como activista estoy plenamente convencido de que no les podemos dar la espalda y que por lo tanto tenemos que luchar para recordar a quien corresponda que la tortura jamás será admisible. Desde el análisis, no obstante, me cuesta comprender por qué los Estados deciden no sólo ratificar tratados internacionales de derechos humanos, sino incluso incitar a otros a hacer lo mismo. La historia y los noticiarios tristemente acreditan su maestría a la hora de incumplir los compromisos que libre y soberanamente han adquirido.

Koldo Casla

https://twitter.com/koldo_casla

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