Juegan con fuego la Comisión Europea en Grecia y la Ley de Seguridad Ciudadana en España

Las elecciones anticipadas en Grecia parecen inevitables y la Comisión Europea está dispuesta a reaccionar. El presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, ha mandado un mensaje directo a los griegos: “No quiero que las fuerzas extremistas lleguen al poder en Grecia”. También el comisario de Economía, Pierre Moscovici, de viaje en Atenas, y la portavoz de la Comisión, Mina Andreeva, han hecho declaraciones en el mismo sentido. No es nada nuevo. Ya en 2012 el Financial Times, Angela Merkel y el ministro de Hacienda del Reino Unido, George Osborne, habían recomendado a los griegos que resistieran la tentación de votar a los “demagogos de Syriza”.

En España el Congreso ha aprobado recientemente la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que pone en riesgo la libertad de información y el derecho de manifestación al imponer sanciones a quien quiera grabar las actuaciones de los policías, al castigar más severamente las infracciones, o al no reconocer las manifestaciones o reuniones espontáneas.

¿Qué tienen en común las palabras de Juncker y la adopción de la Ley de Seguridad Ciudadana? Que ambas castigan la disconformidad. El primero al advertir de los peligros de ejercer la democracia de manera inconveniente. La segunda al olvidar que el deber democrático de obedecer al gobierno se construye en parte sobre el derecho a disentir.

La discrepancia forma parte de la narrativa histórica de Europa desde Antígona. Las sociedades liberales y democráticas se construyen sobre la premisa de que el pueblo, haciendo ejercicio de su derecho a la resistencia, se levanta y reclama lo que considera que le pertenece. Así, Locke escribía en el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil (1689) sobre el derecho del pueblo a asumir directamente el poder a través del “derecho de rebelión”. Inspirados por Locke, al proclamar su independencia en 1776, los Padres Fundadores de los Estados Unidos reivindicaron el “derecho a reformar o abolir” toda forma de gobierno que actúe contra los “derechos inalienables”. Y los franceses, por su parte, reconocieron para sí mismos en 1789 el derecho a la resistencia a la opresión como derecho natural e imprescriptible.

Las sociedades europeas se consideran herederas de aquellas ideas. Sin embargo, los gobiernos autoproclamados liberales y democráticos en ocasiones se ven tentados a restringir derechos y libertades en aras del orden y de la seguridad. Así, derechos y libertades que habían sido una herramienta para el cambio radical a través de la desobediencia se convierten en muro de contención para las nuevas generaciones. Los gobiernos se valen de los derechos y libertades que les legitiman ante la sociedad para negar los mismos derechos y libertades a la sociedad de la que son representantes.

Parecen olvidar que en la tradición liberal la desobediencia es legítima cuando los derechos son arrebatados por el poder y en la tradición democrática la desobediencia es válida cuando el gobierno deja de ser legítimo.

Personalmente no creo que hayamos llegado al escenario en que la desobediencia se justifique en estos términos. Pero Juncker y su escaso aprecio a la libertad de elección de los griegos, y el Gobierno español con su cruzada contra la libertad de expresión en las calles, están jugando con fuego.

Koldo Casla

@koldo_casla

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