La vivienda no ha sido un derecho durante la crisis. ¿Lo será después?

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la cantidad de hipotecas concedidas aumentó casi un 22% entre julio de 2014 y el mismo mes de 2015, hasta llegar a las 21.863 operaciones. Este número está todavía lejos de las 130.000 de 2005 o 2007, pero sugiere que el mercado inmobiliario español puede estar remontando. La crisis todavía no pertenece al pasado. Pero ahora que parece que la economía vuelve a construirse con ladrillo, resulta necesario preguntarse: ¿Seremos capaces de edificar una política de vivienda sobre la base de los derechos humanos?

En los últimos años centenares de miles de personas han perdido sus viviendas a consecuencia de ejecuciones hipotecarias. Muchas siguen a día de hoy en esta misma situación.

El gobierno central ha adoptado una serie de medidas, como la suspensión del desalojo para colectivos particularmente vulnerables o la adopción de un código de conducta de suscripción voluntaria para los bancos. Algunas de las medidas sólo fueron implementadas después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolviera que la legislación española era contraria al derecho europeo.

Sin embargo, a pesar de que estas medidas paliativas han ayudado a algunas familias, la legislación y la práctica española siguen sin cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos. La Ley de Enjuiciamiento Civil no prevé que el juez pueda evaluar la proporcionalidad y razonabilidad del desalojo caso por caso. Como pude escuchar de un magistrado especializado, para la ley y para el juez no son personas, no son familias, son meras inscripciones registrales. Pese a las oficinas de intermediación abiertas en algunos ayuntamientos y comunidades autónomas, no existe un mecanismo administrativo o judicial que pueda asegurar que la negociación entre el banco y las personas afectadas respete la igualdad procesal entre las partes. Asimismo, por lo general las iniciativas gubernativas no fueron consultadas con organizaciones sociales y personas afectadas, y todavía no tenemos datos precisos sobre el impacto humano de los desalojos hipotecarios. Hasta 2012 ni siquiera sabíamos cuántos desalojos correspondían a viviendas habituales, y a día de hoy seguimos sin saber cuántas personas (cuántos niños y niñas, cuántas mujeres, personas con discapacidad, inmigrantes, etc.) se han visto afectadas.

El crecimiento acelerado de los desalojos hipotecarios ha venido acompañado, además, de una serie políticas deliberadas y regresivas que contravienen el derecho internacional de los derechos humanos. Amnistía Internacional lo ha comprobado en un detallado informe sobre la situación en la Comunidad de Madrid y en Catalunya. El presupuesto público destinado a vivienda ha sido recortado en más de un 50% desde 2008. Según el censo oficial, en 2011 había 3,44 millones de viviendas vacías en España, lo que equivale a cerca de un 30% de todas las viviendas vacías que hay en Europa. Los poderes públicos han desaprovechado varias oportunidades para hacer uso de este recurso potencialmente disponible. Además, en algunas comunidades autónomas (como en Catalunya) se ha reducido notablemente el periodo de calificación de las viviendas sociales, mientras que algunas otras (destaca Madrid) han vendido vivienda pública a fondos de inversión para sanear sus cuentas. Conjuntamente, estas medidas nos llevan a la conclusión de que durante los años de crisis económica los poderes públicos han estado adoptando medidas deliberadas y regresivas en cuanto al derecho a la vivienda.

Al comienzo de verano se aprobó una importante ley en Euskadi. Se trata de la muy esperada Ley de Vivienda, que entre otras cosas reconoce que la vivienda tiene una función social y es un derecho subjetivo y por lo tanto exigible ante los tribunales. También prevé el establecimiento de un canon por el mantenimiento de viviendas vacías, o la expropiación de uso en el caso de que los propietarios no deseen ponerlas en alquiler, como sucede en Suecia, Países Bajos, Francia, Dinamarca o Reino Unido. Lamentablemente, el Gobierno central ha dado pasos para recurrir esta ley ante el Tribunal Constitucional, el cual presumiblemente suspendería provisionalmente la entrada en vigor de varios de sus artículos.* Si los poderes públicos deciden no tomar medida alguna respecto a las viviendas vacías, tendrán que explicar por qué consideran que este tipo de intervención no es adecuado para realizar progresivamente el derecho a la vivienda.

La vivienda es un derecho reconocido no sólo en la Constitución sino también en el derecho internacional de los derechos humanos, que vincula a la administración a todos los niveles, local, autonómico, central y europeo. Debemos exigir la adopción de políticas públicas que eviten que la próxima crisis económica vuelva a convertirse en una crisis de derechos humanos.

Koldo Casla
@koldo_casla

* Fe de errores: En la versión de este artículo publicada en El Diario Vasco el 8 de octubre de 2015 se dice que el Gobierno central ya ha recurrido varios artículos de la Ley vasca de Vivienda ante el Tribunal Constitucional, y que éste ha suspendido la vigencia de los mismos. Sin embargo, por el momento, el Gobierno tan sólo ha remitido la Ley a la consideración de la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y la Comunidad Autónoma Vasca, lo cual le concede un plazo de seis meses más para interponer el recurso ante el Tribunal Constitucional, algo que podría suceder ya con un nuevo Gobierno en Madrid.

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