El Estado de Derecho tiene una hermana de la que apenas hablamos

Estado-autonomico-Derecho-Constitucional-1140x419Este artículo fue publicado en Agenda Pública

Pueblo y Democracia tuvieron mellizos, niño él, niña ella. Son iguales en peso, altura y grado hereditario, pero no les queremos por igual. El niño se llama Estado de Derecho. La niña, Soberanía Parlamentaria.

Vaya mi tesis por delante. Sostengo que si reconociéramos el mismo valor al Estado de Derecho y a la Soberanía Parlamentaria, la respuesta institucional pero sobre todo ciudadana al contencioso en Catalunya sería distinta.

Si el Estado es de Derecho la sociedad entera, gobernantes incluidos, está sometida a la ley y el papel de los jueces es velar por que así sea. Pero en democracia no nos basta con afirmar que la ley hay que cumplirla. Necesitamos que la ley sea legítima. Y la legitimidad deviene de que la voluntad popular quede reflejada en ella. Mientras no nos inventemos algo mejor, la voluntad de 7,5 o de 46 millones de personas sólo puede conocerse a través de algún mecanismo de representación. Eso es el parlamento, que debe ser soberano, es decir, debe tener poder de decisión sobre el conjunto.

Tanto el Estado de Derecho como la Soberanía Parlamentaria son pilares esenciales pero mantener el equilibrio entre ambos no siempre es fácil. Requiere una actitud responsable y consciente. El Pueblo democráticamente representado se compromete a preservar la independencia de los jueces, y éstos por su parte respetan la supremacía del parlamento.

Jueces y parlamentarios son por lo tanto garantes de una misma libertad. Cumplir con dicha misión es de una trascendencia inconmensurable que exige un ejercicio de autocontrol permanente. Los parlamentarios han de ser conscientes de que no todo lo pueden, y los jueces han de respetar que su poder no proviene de la Facultad de Derecho sino de la voluntad popular.

El jurista de tradición continental echará en falta la clásica distinción entre poder constituyente y poder constituido. Sin ánimo de desmontar el andamiaje entero, sí creo preciso llamar la atención cuando el rey va desnudo: constituyente o constituido, hablamos de un mismo Pueblo. 

Pienso que en lo tocante a Catalunya no estamos acertando a mantener el equilibrio y autocontrol que juntos nos reclaman el hijo y la hija de Pueblo y Democracia. Y nótese que mi llamada de atención no va dirigida a los jueces, a los que presumo independencia e imparcialidad, sino a quienes observamos la realidad política con el ojo crítico que exige la condición ciudadana.

Para empezar sugeriría que en nuestro caso habláramos de soberanías parlamentarias en plural. Lo formularía en estos términos: en España la voluntad del Pueblo se manifiesta a través de varios órganos democráticos, en estos momentos 18, uno por cada comunidad autónoma además de las Cortes Generales, todo ellos igualmente responsables de canalizar la voluntad popular, cada uno en ejercicio de sus competencias respectivas.

De lo anterior se deduce, en mi opinión, que la distribución de dichas competencias es un problema eminentemente político cuya resolución compete a los representantes del Pueblo, no a los jueces. Nada es intocable. Todo debe ser acordado, criticado y cuestionado de forma constante. Tarea ciertamente exigente, pero los que han de acordar las reglas no pueden lavarse las manos y reclamar que los jueces les resuelvan el problema. Si no son capaces de afrontarlo es mejor que se echen a un lado. En términos casi coloquiales estos días, ni los políticos ni el Gobierno deberían esconderse detrás de las togas.

Por la misma razón, mientras las reglas del juego no cambien, las reglas del juego se cumplen. Ni 1492 ni 1714 importan a estos efectos. Los 18 (a día de hoy) representantes de la voluntad popular no lo son por la gracia de dios, ni de Alfonso X, ni de Fernando e Isabel, ni de Rafael Casanova. Representan una voluntad plural y a veces contradictoria pero siempre derivada de unas normas que ellos mismos se han dotado a través de esa complejidad. Fuera de ese marco, el acuerdo de un parlamento puede ser programático o declarativo, pero no puede ser ley.

Son legítimas las medidas dirigidas a hacer cumplir las resoluciones de los órganos encargados de hacer cumplir la ley y la Constitución, incluyendo el Tribunal Constitucional. Cuando un órgano o una persona responsable se niega a hacerlo puede y debe ser investigado y en su caso sancionado, incluso penalmente si es necesario.

Ahora bien, la respuesta ha de ser proporcionada y las posibles medidas cautelares antes del 1 de octubre deben ser evaluadas de forma muy estricta. En las actuales condiciones, puede ser cierto que los miembros del Govern tienen “por finalidad desmontar todo el orden constitucional”, como dice la fiscalía. A la fiscalía le presumo rectitud, autonomía y justicia en la interpretación de la ley, pero a mi conciudadana preocupada le comparto mi inquietud: una democracia asentada debería saberse más fuerte, porque Catalunya no va a ser independiente el 2 de octubre, y debería saberse más sabia y ser consciente del daño que ocasiona tanto interna como externamente ver a guardia civiles a las puertas de una imprenta.

Los parlamentarios, por su parte, deben quedar a resguardo de medidas penales. A pesar de que con su voto hayan podido contribuir a adoptar leyesinconstitucionales, incluso a sabiendas de su inconstitucionalidad, no deberían ser perseguidos judicialmente por ello. La sociedad les necesita para cambiar (o en su caso mantener) las reglas del juego. Debería motivarles la voluntad del Pueblo, ante el que rinden cuentas, no el temor a ser castigado por un juez, incluso cuando pueda hacerse con todas las garantías procesales.

Si algo nos enseña el auto que suspendió un acto en Madrid a favor del referéndum catalán es que la paz social no puede depender del antojo de un juez o de un fiscal. Creo que el juez no ha prestado la debida atención al artículo 21 de la Constitución, que proclama el derecho de reunión pacífica. Pero eso requiere otro artículo. Aquí me limito a lamentar que voces en el partido que gobierna España se enorgullezcan cuando debería avergonzarles su incapacidad a la hora de hacer política. Cuando está solo, el Estado de Derecho no sabe proteger a la Democracia. Necesita a su hermana. Y todos nosotros necesitamos a ambos.

Una versión más breve de este artículo fue publicado en El Periódico de Catalunya el 30 de septiembre:

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