Derechos desahuciados en España: Sin habitación propia

ai report coverEste artículo fue publicado en OpenGlobalRights (Open Democracy)

Si Virginia Woolf reclamaba una habitación propia para escribir literatura (y para mucho más), Paula reclama un lugar al que poder llamar hogar para vivir su vida y criar a sus hijos. Pero políticas ineficaces le cierran el paso. Paula no es sino una de las miles de mujeres que no pueden salir de la trampa de la vivienda insegura tras un desahucio.

Más de 30.000 familias protagonizaron un desahucio por impago del alquiler el año pasado, al igual que el anterior, y el anterior. El número de familias afectadas por desalojos de origen hipotecario no es muy inferior.

Un desahucio es una experiencia traumática para cualquiera, pero Amnistía Internacional ha documentado que las mujeres lo sufren de manera diferente, y más frecuentemente. Las mujeres están sobrerrepresentadas en los trabajos a jornada parcial, se encuentran en la parte inferior de la brecha salarial, y con frecuencia se hacen cargo de las responsabilidades de cuidado familiar. Las familias monoparentales, predominantemente encabezadas por mujeres (en más de ocho de cada diez casos), suelen vivir en pisos de alquiler. Las estadísticas oficiales muestran que las mujeres en España se enfrentan a tasas más altas de pobreza, exclusión social y privación material.

Miembros de Amnistía Internacional entrevistamos a 19 mujeres y cuatro hombres que o bien habían pasado por un desahucio o corrían el riesgo de ser desahuciadas en un futuro próximo. Al menos siete de ellas lamentaron que durante el proceso el juez no mostró interés por sus circunstancias personales. “No tuvimos ocasión de explicarle nuestra situación”, nos dijo Ana. Una jueza de Barcelona nos lo confirmó: “Cuando recibimos una demanda de desahucio, no tenemos ni la menor idea de quién está viviendo allá”. Continue reading “Derechos desahuciados en España: Sin habitación propia”

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La vivienda no ha sido un derecho durante la crisis. ¿Lo será después?

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la cantidad de hipotecas concedidas aumentó casi un 22% entre julio de 2014 y el mismo mes de 2015, hasta llegar a las 21.863 operaciones. Este número está todavía lejos de las 130.000 de 2005 o 2007, pero sugiere que el mercado inmobiliario español puede estar remontando. La crisis todavía no pertenece al pasado. Pero ahora que parece que la economía vuelve a construirse con ladrillo, resulta necesario preguntarse: ¿Seremos capaces de edificar una política de vivienda sobre la base de los derechos humanos?

En los últimos años centenares de miles de personas han perdido sus viviendas a consecuencia de ejecuciones hipotecarias. Muchas siguen a día de hoy en esta misma situación.

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Sobre la recentralización del Estado o sobre cómo el Gobierno actúa como el perro del hortelano

Caso número 1. El Ministerio de Economía y Competitividad remitió hace unos días al Parlamento Vasco un informe sobre la proposición de ley de vivienda impulsada por el grupo parlamentario del PSE. Siguiendo el ejemplo de la flamante normativa andaluza en la materia, el texto actualmente en discusión en el Parlamento propone que las familias en riesgo de exclusión puedan alquilar la vivienda habitual de la que han sido desahuciadas mediante la expropiación forzosa de su uso a la entidad bancaria. La propuesta también contempla un canon sobre las viviendas desocupadas y propone incluso la imposición de un alquiler forzoso si la vivienda se encuentra en una zona de “acreditada demanda y necesidad de vivienda”.

En su informe, el Ministerio del Señor de Guindos alerta de que la proposición de ley vulnera la distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas porque la regulación del derecho a la propiedad le corresponde “en exclusiva” al Estado. También infringiría el principio de unidad de mercado porque la norma generaría “un tratamiento desigual entre deudores y entidades de diferentes ubicaciones geográficas”. El Ministerio llega a asegurar que la expropiación forzosa de viviendas vulnera el “principio de proporcionalidad” y discrimina de forma “arbitraria” a determinadas personas jurídicas, en concreto, a las entidades financieras. El Gobierno critica que, de aprobarse, esta norma induciría “a la inseguridad jurídica por su solapamiento con la legislación nacional” desarrollada a nivel estatal desde el comienzo de la crisis, legislación que al parecer a juicio del Ministerio es más que suficiente para evitar los desahucios y proteger el derecho a la vivienda. Continue reading “Sobre la recentralización del Estado o sobre cómo el Gobierno actúa como el perro del hortelano”

Desahucios, desalojos forzosos y derechos humanos

forges viviendaEn 1997, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC), encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado a día de hoy por 160 países (entre otros, España), presentó un documento en el que compartía su interpretación del significado del derecho a la vivienda en relación con el fenómeno de los desalojos forzosos (Observación General nº 7).

Al entender del Comité DESC, un “desalojo forzoso” es “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”. El Comité DESC considera que los desalojos forzosos son en principio contrarios al Pacto Internacional de los DESC. Reconoce que “algunos desalojos pueden ser justificables, por ejemplo en caso de impago persistente del alquiler o de daños a la propiedad alquilada sin causa justificada”, pero deben darse una serie de garantías procesales para que un desalojo cumpla con las normas internacionales de derechos humanos, entre otras: consulta a las personas afectadas; plazo suficiente y razonable de notificación del desalojo; facilitación de información sobre los desalojos previstos; que el desalojo tenga lugar en presencia de un funcionario público; identificación de las personas que llevan a cabo el desalojo; atención al momento de realización del desalojo, evitando hacerlo de noche o con muy mal tiempo; ofrecimiento de recursos jurídicos efectivos; ofrecimiento de asistencia jurídica para que las personas afectadas puedan solicitar reparación ante los tribunales. Asimismo, el Comité incide en que “los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda”.

Partiendo de esta interpretación a la luz de un tratado internacional (el PIDESC) que, como tal, forma parte del ordenamiento jurídico interno, y por lo tanto sus disposiciones sólo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en el propio tratado o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional (artículo 96.1 de la Constitución), conviene reflexionar críticamente sobre el fenómeno del desahucio en España y sobre el aporte de los derechos humanos para hacerle frente. Continue reading “Desahucios, desalojos forzosos y derechos humanos”

Desahucios: La impotencia con cara de tonto

En un caso pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la abogada general Juliane Kokott, dictaminó ayer que la legislación española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas (ver las conclusiones de la abogada general y la noticia en El País). Es una muy buena noticia, porque si el Tribunal de Luxemburgo comparte finalmente la opinión de la abogada general, España tendría que modificar su legislación para adaptarla a la normativa de la Unión Europea.

Esta mañana una mujer de 53 años se ha suicidado en Barakaldo cuando iba a ser desahuciada. Continue reading “Desahucios: La impotencia con cara de tonto”

La justiciabilidad del derecho a la vivienda es posible… y asequible

El pasado 17 de enero, la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco aprobaba el Anteproyecto de Ley de Vivienda. Esta iniciativa reconoce explícitamente, como título subjetivo, el derecho a la ocupación legal estable de una vivienda, derecho que se reconoce con todas las garantías, incluidas las judiciales (artículo 6.2 en relación con el artículo 9). Aquellas personas que cumplan con unos requisitos establecidos en la legislación (fundamentalmente respecto al nivel de ingresos) podrán acudir a los tribunales para reclamar que la administración les proporcione una vivienda para el cumplimiento de su derecho individual.

No es desde luego la primera vez que se plantea este debate en Euskadi. En el año 2007, el entonces Consejero Javier Madrazo también propuso una iniciativa en la misma dirección, al menos en lo que se refiere al reconocimiento del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo. La misma Constitución de 1978 establece este derecho en su artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Sin embargo, el derecho a la vivienda como derecho justiciable no ha sido concretado hasta hoy, e incluso ahora sólo sería de aplicación para el País Vasco. Continue reading “La justiciabilidad del derecho a la vivienda es posible… y asequible”