Sobre la recentralización del Estado o sobre cómo el Gobierno actúa como el perro del hortelano

Caso número 1. El Ministerio de Economía y Competitividad remitió hace unos días al Parlamento Vasco un informe sobre la proposición de ley de vivienda impulsada por el grupo parlamentario del PSE. Siguiendo el ejemplo de la flamante normativa andaluza en la materia, el texto actualmente en discusión en el Parlamento propone que las familias en riesgo de exclusión puedan alquilar la vivienda habitual de la que han sido desahuciadas mediante la expropiación forzosa de su uso a la entidad bancaria. La propuesta también contempla un canon sobre las viviendas desocupadas y propone incluso la imposición de un alquiler forzoso si la vivienda se encuentra en una zona de “acreditada demanda y necesidad de vivienda”.

En su informe, el Ministerio del Señor de Guindos alerta de que la proposición de ley vulnera la distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas porque la regulación del derecho a la propiedad le corresponde “en exclusiva” al Estado. También infringiría el principio de unidad de mercado porque la norma generaría “un tratamiento desigual entre deudores y entidades de diferentes ubicaciones geográficas”. El Ministerio llega a asegurar que la expropiación forzosa de viviendas vulnera el “principio de proporcionalidad” y discrimina de forma “arbitraria” a determinadas personas jurídicas, en concreto, a las entidades financieras. El Gobierno critica que, de aprobarse, esta norma induciría “a la inseguridad jurídica por su solapamiento con la legislación nacional” desarrollada a nivel estatal desde el comienzo de la crisis, legislación que al parecer a juicio del Ministerio es más que suficiente para evitar los desahucios y proteger el derecho a la vivienda. Continue reading “Sobre la recentralización del Estado o sobre cómo el Gobierno actúa como el perro del hortelano”

Desahucios, desalojos forzosos y derechos humanos

forges viviendaEn 1997, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC), encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado a día de hoy por 160 países (entre otros, España), presentó un documento en el que compartía su interpretación del significado del derecho a la vivienda en relación con el fenómeno de los desalojos forzosos (Observación General nº 7).

Al entender del Comité DESC, un “desalojo forzoso” es “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”. El Comité DESC considera que los desalojos forzosos son en principio contrarios al Pacto Internacional de los DESC. Reconoce que “algunos desalojos pueden ser justificables, por ejemplo en caso de impago persistente del alquiler o de daños a la propiedad alquilada sin causa justificada”, pero deben darse una serie de garantías procesales para que un desalojo cumpla con las normas internacionales de derechos humanos, entre otras: consulta a las personas afectadas; plazo suficiente y razonable de notificación del desalojo; facilitación de información sobre los desalojos previstos; que el desalojo tenga lugar en presencia de un funcionario público; identificación de las personas que llevan a cabo el desalojo; atención al momento de realización del desalojo, evitando hacerlo de noche o con muy mal tiempo; ofrecimiento de recursos jurídicos efectivos; ofrecimiento de asistencia jurídica para que las personas afectadas puedan solicitar reparación ante los tribunales. Asimismo, el Comité incide en que “los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda”.

Partiendo de esta interpretación a la luz de un tratado internacional (el PIDESC) que, como tal, forma parte del ordenamiento jurídico interno, y por lo tanto sus disposiciones sólo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en el propio tratado o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional (artículo 96.1 de la Constitución), conviene reflexionar críticamente sobre el fenómeno del desahucio en España y sobre el aporte de los derechos humanos para hacerle frente. Continue reading “Desahucios, desalojos forzosos y derechos humanos”

Desahucios: La impotencia con cara de tonto

En un caso pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la abogada general Juliane Kokott, dictaminó ayer que la legislación española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas (ver las conclusiones de la abogada general y la noticia en El País). Es una muy buena noticia, porque si el Tribunal de Luxemburgo comparte finalmente la opinión de la abogada general, España tendría que modificar su legislación para adaptarla a la normativa de la Unión Europea.

Esta mañana una mujer de 53 años se ha suicidado en Barakaldo cuando iba a ser desahuciada. Continue reading “Desahucios: La impotencia con cara de tonto”

Estudio del Ararteko “Los derechos sociales como base de las políticas públicas en tiempos de crisis económica”

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Es necesario dotar de significado al compromiso con los derechos humanos manifestado recurrentemente por los representantes políticos. Más allá del discurso, una apuesta decidida por los derechos humanos tiene una serie de implicaciones prácticas que los poderes públicos deben hacer suyas para honrar sus compromisos.

A través de su nuevo estudio “Los derechos humanos como base de las políticas públicas en tiempos de crisis económica”, el Ararteko reflexiona sobre los principios de derechos humanos que deben guiar el diseño de las políticas públicas. Continue reading “Estudio del Ararteko “Los derechos sociales como base de las políticas públicas en tiempos de crisis económica””

“Giza eskubideak krisi ekonomikoko garaietan egiten diren politika publikoen berme gisa” ARARTEKOAren azterlana

IKUS AZTERLANA HEMEN

Behar-beharrezkoa da esanahiz janztea ordezkari politikoek behin eta berriz aipatu izan duten giza eskubideekiko konpromiso hori. Diskurtsoaz harago, giza eskubideen alde irmoki egiteak hainbat inplikazio praktiko dakartza berekin, eta botere publikoek bere egin beharko lituzkete inplikazio horiek, beren konpromisoei leial izateko.

“Giza eskubideak krisi ekonomikoko garaietan egiten diren politika publikoen berme gisa” izeneko azterlan berrian Arartekoak gogoeta egiten du politika publikoen diseinua gidatu behar duten giza eskubideen printzipioen inguruan. Continue reading ““Giza eskubideak krisi ekonomikoko garaietan egiten diren politika publikoen berme gisa” ARARTEKOAren azterlana”

Rio2012: ¿Queremos un futuro sin derechos humanos?

En menos de dos meses tendrá lugar en Río de Janeiro la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio2012). El lema de la Conferencia es ‘El futuro que queremos’. La Conferencia se desarrolla sobre dos ejes centrales: a) una economía ‘verde’ para la erradicación de la pobreza; y b) un marco institucional apto para el desarrollo sostenible. La organización de Rio2012 ha identificado siete áreas prioritarias de atención pública: a) trabajo digno; b) política energética; c) ciudades sostenibles; d) seguridad alimentaria; e) acceso al agua; f) cuidado de los océanos; y g) prevención de desastres naturales y recuperación pronta y eficaz frente a los mismos.

Entre los ejes, áreas prioritarias, documentos, vídeos, etc. hay un ingrediente que brilla por su ausencia: Continue reading “Rio2012: ¿Queremos un futuro sin derechos humanos?”

Merkel, Montoro y la justiciabilidad de los derechos sociales

En su entrevista hoy en El País y otros diarios europeos, Angela Merkel sostiene que una mayor integración política en la Unión Europea sería más útil que los eurobonos como medio para superar la actual crisis. En opinión de la canciller alemana, “una integración más profunda implica, por ejemplo, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenga la obligación de controlar los presupuestos nacionales, entre otras muchas cosas”. Unos días atrás, el ministro Montoro anunciaba que el Gobierno exigirá responsabilidades penales a los gobernantes que incumplan el déficit. Sin pretenderlo ni siquiera ser mínimamente conscientes de ello, indirectamente las palabras de Merkel y Montoro pueden servir de impulso a una idea defendida desde hace años por los activistas de derechos humanos: que los derechos económicos y sociales son derechos exigibles ante los tribunales y que uno de los mecanismos para evaluar el cumplimiento de estos derechos es el análisis presupuestario. Continue reading “Merkel, Montoro y la justiciabilidad de los derechos sociales”